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lunes, 11 de enero de 2010

“Mujeres en la memoria”, monumento a las víctimas de la dictadura chilena


Ante el intento de borrar el pasado

Por Johanna Ortiz - CIMAC/SEMlac


El pasado 12 de diciembre, donde se cruzan la carretera Panamericana y la Alameda Bernardo O’Higgins, se inauguró el monumento “Mujeres en la memoria”, justo el mismo día en que Augusto Pinochet fue cremado, tras de haber muerto sin reconocer responsabilidad alguna por las mujeres detenidas, torturadas, exiliadas, las 118 ejecutadas y las 72 que aún permanecen desaparecidas, durante los 18 años que duró su dictadura.

“Mujeres en la memoria” trae al presente no sólo las terribles violaciones a los derechos de las mujeres, sino también “la fuerza y el coraje de ellas, que han hecho un poco más democrática, un poco más libre, un poco más amable esta sociedad”, como afirmó Sandra Palestro en la ceremonia inaugural.

Sandra es una de las 12 chilenas que levantó “Mujeres en la memoria”, iniciativa que contó con el apoyo institucional y legal de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

En su intervención, Palestro recordó a las mujeres que buscaban a sus familiares entre los detenidos, a las que consiguieron con creatividad los recursos para el sustento diario y a las que defendieron los derechos humanos y pelearon por la recuperación de la democracia. También mencionó a las detenidas, torturadas, exiliadas, a las 118 ejecutadas y las 72 que aún permanecen desaparecidas.

Pero no sólo la memoria de las chilenas estuvo presente. Se destacó que este monumento es el único en su tipo en América Latina y por “la peor de las razones”.

“Supimos del femicidio de Ciudad Juárez en México, en Guatemala y el Salvador. Entonces nos dimos cuenta de que era el único por la peor de las razones: porque en otros lugares de América Latina aún no han terminado los crímenes contra las mujeres atribuibles al aparato estatal, por eso el monumento es también para las mujeres latinoamericanas”, aseveró Sandra.

CASTIGADAS POR SER MUJERES Y METERSE EN POLÍTICA

La construcción de “Mujeres en la memoria” tuvo muchos tropiezos desde que naciera la idea. La falta de recursos y el desconocimiento por parte del alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, de un permiso que otorgó el ex candidato presidencial de la derecha Joaquín Lavín, mientras ocupaba el sillón edilicio de la ciudad, retrasaron la obra, que debió ser inaugurada el 8 de marzo de 2004.

La reconstrucción de la memoria no ha sido fácil en Chile. Treinta años después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el entonces presidente Ricardo Lagos convocó a la “Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura”, como una forma de reconocer a las víctimas y honrar su memoria.

Se aceptaron 28 mil testimonios y 7 mil quedaron fuera, a la espera de ser revisados. El informe de la Comisión, dado a conocer en noviembre de 2004, reveló la sofisticada tecnología de los múltiples métodos de tortura del régimen de Pinochet. Golpizas, simulacros de fusilamiento, aplicación de electricidad, posiciones forzadas, colgamientos y la lista suma y sigue.

La violencia sexual no quedó fuera. “La comisión recibió el testimonio de 3 mil 399 mujeres. Casi todas dijeron haber sido objeto de violencia sexual, sin distinción de edades, y 316 afirmaron haber sido violadas. No obstante, se estima que la cantidad de violadas es muy superior a los casos en los que ellas relataron haberlo sido”, se lee en el informe.

La Comisión realiza este cálculo porque no se preguntaba a las mujeres si habían sido violadas, sino que dicha declaración surgía espontáneamente, y porque existen numerosos testimonios de detenidos que declaran haber presenciado violaciones cometidas en una gran cantidad de recintos de prisión.

“La violencia sexual contra las mujeres durante el régimen militar constituye una de las formas más brutales de violencia. (…) Es preciso señalar que las mujeres fueron detenidas por sus ideas, sus acciones y participación política y no por su condición de tales. No obstante, la violencia sexual ejercida sobre ellas utiliza su condición de género agravando su impacto sobre la integridad moral y sicológica”, detalla la Comisión.

Lelia Pérez Valdés era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). En septiembre de 1973 estuvo detenida tres semanas en el Estadio Víctor Jara (en ese entonces Estadio Chile) y, en 1975, dos meses en Villa Grimaldi y un año en Tres Álamos.

Explica que la violencia hacia la mujer fue específica “especialmente en lo que se refiere a la agresión sexual, desde el uso de las palabras, hasta las acciones físicas. Se usaban calificaciones como: “maracas” y “putas” de los marxistas. En el proceso de los interrogatorios, mientras me torturaban, en varias ocasiones opinaron sobre mi ropa interior”, relata. “Habitualmente cuestionaban qué hacíamos en política, lo que mostraba su concepción del rol que debía tener la mujer en la sociedad. Quedaba muy claro que eras castigada por la militancia y por ser mujer”, comenta Lelia.

El castigo por meterse en política fue muy fuerte. No se contuvo ni frente a las embarazadas. Se detuvieron 229 gestantes y 11 de ellas declararon haber sido violadas. Debido a la tortura, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en el presidio. Algunas incluso tuvieron hijos de sus torturadores.

El informe contiene muchos testimonios que dan cuenta de la ferocidad de las torturas a las mujeres. Este es uno de ellos:

“Por violación de los torturadores quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí choques eléctricos, colgamientos, submarinos, simulacro de fusilamiento, quemadura con cigarros. Me obligaron a tomar drogas. Sufrí violación y acoso sexual con perros. La introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo”.

Y no termina ahí: “Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano que estaban detenidos. También a ver y escuchar las torturas de mi hermano y mi padre. (…) Tenía 25 años. Estuve detenida hasta 1976. No tuve ningún proceso”. Ella fue apresada en la Región Metropolitana en 1974.

HAY MEMORIA PERO, ¿HAY JUSTICIA?

Ningún torturador está cumpliendo condena. Caminan libres por las grandes alamedas, más libres que sus víctimas que viven hasta hoy acosadas por el miedo. Algo de ese miedo, quizás, se fue con la muerte del ex dictador, como dice Lelia:

“Ha quedado sin vida aquel que arrebató tantas existencias, ya no puede acariciar a sus nietos ni disfrutar todo lo que la vida nos depara. Se terminó su arrogancia, no respira el que nos obligó a contener el aliento de tanto miedo, ¡eso hace bien!”.

Sin embargo, aclara, “reafirma la derrota, porque murió sin ser condenado por el sistema jurídico. Si bien estaban las condiciones para condenar a Augusto Pinochet en Chile, queda en evidencia el componente político que, al final, evitó la condena”.

Aquí, la ex presa política hace una diferencia entre la justicia como valor y la justicia como sistema o aparato judicial. “Los y las sobrevivientes hemos caminado hacia la primera. Ante el intento de Pinochet de presentarse como salvador de Chile, nuestros testimonios han dejado claro que es un asesino. Ante el intento de borrar el pasado, hemos dado fuerza a la memoria”, concluye Lelia.